Los presidentes de SRA, CRA, Coninagro y FAA, plantearon sus posturas y propuestas con respecto a los temas ligados al sector agropecuario en el marco de las próximas elecciones nacionales.

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) conformada por las cuatro entidades elaboraron un documento para visibilizar sus puntos de vista para el desarrollo de la producción, el empleo, la reducción de la pobreza, la alimentación y la vinculación con el mundo.

El primer punto exige que haya estabilidad macroeconómica e institucional a través de una menor presión tributaria, menor inflación manteniendola en niveles de un dígito, con un Banco Central independiente y tipo de cambio competitivo. “El Estado debe ser eficiente en el uso y asignación de recursos y el Presupuesto Nacional”, expresan. También piden seguridad jurídica “para poder tener un horizonte claro para invertir, producir, innovar y generar empleo de calidad”.

Sostienen que debe haber diálogo permanente entre los sectores públicos y los privados y que debe recuperarse el Ministerio de Agroindustria para poder ser parte de la Mesa de Decisiones de los temas centrales del país.

Exigen transparencia en las cadenas de producción mediante “la generación de mecanismos de referencia de precios, la promoción de prácticas contractuales consensuadas entre las partes construidas en espacios público-privados con normas técnicas armonizadas y de difusión pública. Asimismo debe promoverse el uso de contratos voluntarios para lograr mayor claridad y cumplimiento en plazos, condiciones comerciales y precio”.

Piden expresamente que haya una reforma tributaria debido a que las “actividades requieren un esquema tributario basado en impuestos a la renta” por lo que exigen que “se dejen de lado herramientas distorsivas como ingresos brutos, impuesto al cheque, impuestos de sellos, impuestos a la masa salarial, tasas estadísticas en los insumos importados, entre otros”.

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“Proponemos un nuevo esquema tributario que incluya incentivos fiscales especiales para los productores de menor escala, PYMEs, economías regionales y situaciones de emergencia. Debe evitarse que los impuestos se cobren por adelantado, bajo la prerrogativa de pagos a cuenta. Asimismo, los mínimos no imponibles deben adecuarse a la variación de precios, permitirse el ajuste por inflación impositivo, de manera de evitar pagar impuestos generados por la inflación y por resultados por tenencias”, determina el documento.

En cuanto a las retenciones, pidieron que el Congreso sea “quien establezca aranceles y derechos de exportación, tal como lo indica la Constitución. Exigimos que se cumpla el final de estos tributos en diciembre de 2020 como plazo máximo. Los derechos de exportación son un mal impuesto, no tienen en cuenta la rentabilidad de los productores, desincentivan la inversión y reducen la competitividad de las exportaciones, por lo que impulsamos su eliminación para todos los productos”.

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Exigen empleo de calidad mejorando “los niveles de formalidad, cobertura social, y cobertura de riesgos de trabajo, esto último mediante la adhesión de todas las provincias a la Ley de ART”.

Sostienen que la infraestructura de la Argentina es deficitaria para la producción y afecta seriamente la competitividad. “Su mejora debe coordinarse entre Nación, Provincias y Municipios”, expresan. Para esto, es necesario que se invierta en conectividad (acceso a red digital a un bajo precio), caminos rurales (mejorará la logística, los costos de transporte, la seguridad, la conectividad, el acceso a salud y educación, lo que beneficiará la calidad de vida de la familia rural y de los pueblos. Las

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modificaciones en los caminos deben coordinarse con los planes hídricos para evitar inundaciones), el acceso a red eléctrica de calidad y con bidireccionalidad (quienes generen bio-energías puedan volcarlas a la red incrementando su propia rentabilidad, aportando a la matriz general y al medio ambiente), hacer el mantenimiento de los ferrocarriles para abaratar costos, realizar programas que fomenten las energías renovables y el manejo de los recursos hídricos y de riego, además de que la hidrovía se realice en tiempo y forma.

La Comisión expresa que las exportaciones son un pilar esencial para el crecimiento de la economía argentina. “Más exportaciones, más diversificación de productos, más cantidad de empresas, PYMEs y productores exportando implican más trabajo y mayor ingreso de divisas, lo cual estabiliza y potencia a todos los sectores productivos”, dicen y sugieren que para mejorar se deben bajar los aranceles y eliminar barreras no arancelarias.

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Hacen especial énfasis en los reintegros a la exportación como una “política pública positiva” y reclaman recuperar los niveles previamente vigentes y actualizar el cálculo de los impuestos que en la actualidad deberían ser devueltos. Además, expresan que deben aumentarse “las herramientas disponibles para impulsar las exportaciones, tales como simplificación y digitalización de trámites, prefinanciación de exportaciones, ruedas y rondas de negocios, hubs logísticos y, en el corto plazo, las operaciones que pueden hacerse sin pagar derechos de exportación y aumentar sus montos máximos”.

También subrayaron la necesidad de tener un sistema financiero que permita el crecimiento. “En la actualidad para acceder a financiamiento, el valor de las tasas y comisiones es demasiado alto y la oferta de créditos insuficiente”, aclaran.

Expresan que “los trámites y requisitos para el acceso al financiamiento suelen ser extremadamente burocráticos, lo que implica además sobrecostos, situación que debe mejorarse. Una buena herramienta para impulsar es el Warrant, entre otras que pueden ser valiosas”.

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En tanto, las economías regionales que llevan años en crisis, deben recuperar la rentabilidad a través de “la coordinación público-privada, la reducción de la brecha tecnológica, con más investigación, con una mejor conexión entre la producción y el consumo y con apoyo técnico-productivo y comercial”, además deben disponer de información respecto de la oferta, pronósticos de cosecha, estimaciones de calidad y rinde, situación de la demanda, precios de insumos, y contar con precios de referencia.

Se plantea fortalecer los organismos que se encargan de la innovación y tecnología como el SENASA, INTA, INTI, INASE, CONICET, Academías y Universidades. Además de que creen que debe modernizarse la Ley de Semillas. “Los pequeños y medianos productores deben mantener el derecho al uso propio gratuito, y que el poder de policía esté en manos del Estado, fortaleciendo el rol del Instituto Nacional de Semillas (INASE)”, dicen.

El noveno punto se refiere a la producción sustentable y a la expansión de las buenas prácticas agropecuarias (BPAs). “Deben difundirse, promover su implementación y monitorearse debidamente las normativas vigentes”, expresan y sostienen que en lo que respecta a la aplicación de fitosanitarios, “la mejor opción es una Ley Nacional que marque las pautas de uso correcto en este tema, para que luego, provincias y municipios se adecuen a la misma y dispongan las herramientas de control necesarias. Esta normativa debe estar fundada en rigor científico, contemplar la salud, interdisciplinariedad, monitoreo y control”.

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En cuanto a las emergencias agropecuarias, se sugiere modificar la Ley para “simplificar y agilizar sus trámites, aumentar los recursos del Fondo de Emergencia (actualizar por inflación el monto original de 2009)”.

Debe reglamentarse la Ley de Agricultura Familiar, para que los productores se registren para avanzar en sellos, certificaciones y en canales de comercialización alternativos y más cortos, con menos intermediarios.

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En el último ítem proponen reforzar la seguridad rural mediante la coordinación de “todas las jurisdicciones para una mayor efectividad en la asignación de recursos para el control del abigeato y otros delitos rurales, creando mapas del delito, sistemas de alerta temprana, y fiscalías temáticas, entre otras iniciativas”.

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