16 de noviembre de 2020

El Congreso de la Nación tratará tres proyectos de ley vinculados con el sector agropecuario. Se trata del impuesto a la riqueza, la modificación al manejo del fuego y la ley Yolanda, similar a la Micaela pero referida al ambiente.

De estas tres iniciativas, el impuesto a la riqueza generó fuertes críticas. La Sociedad Rural Argentina dijo mediante un comunicado: “El mal llamado impuesto a la riqueza, es en realidad un tributo de carácter confiscatorio, que atenta contra la inversión, la incorporación de tecnología y la creación de empleo, en un momento en que la Argentina lo necesita desesperadamente. Es decir que, en un intento de resolver el enorme déficit fiscal, producto de sostener un gasto público que no sólo no se aminoró durante la crisis sino, por el contrario, crece día a día, afectaría irremediablemente los recursos que hoy tiene el sector agropecuario para motorizar la economía y alcanzar el crecimiento a mediano y largo plazo”.

La modificación al manejo del fuego que propone Máximo Kirchner también obtuvo el rechazos del campo. Fue presentado como una respuesta a los incendios de este año, que fueron de 898.755,372 hectáreas.

En caso de incendios en zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales se prohibirá por el término de 30 años realizar emprendimientos inmobiliarios, cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento del incendio, o la modificación del uso de la superficie para desarrollar agricultura intensiva (excepto en los casos en que esa práctica antecede al incendio).

La Ley Yolanda fue presentada por la senadora por San Luis, Eugenia Catalfamo, y busca capacitar en materia de medioambiente a los tres poderes del Estado. El nombre es en homenaje a Yolanda Ortiz, primera secretaria de Ambiente en Argentina y América Latina, y la iniciativa ya cuenta con media sanción en Senado.

Diputados tratará este martes el proyecto que prevé la capacitación obligatoria en materia ambiental, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático a los integrantes del Estado.

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